Viven 100.000 pakistaníes en España.

El 50% en Barcelona, el 9% en Valencia, el 4% en Alicante, Tarragona y Madrid. En las primarias del PSC en Barcelona, el 70% de los votos de Collboni los emitieron pakistaníes. La mitad de empleados pakistaníes en España envían el dinero generado aquí a Pakistán. El 60% de los negocios pakistaníes en Barcelona son de alimentación o electrónica. El 60% tiene empleados, que en el 80% de los casos es también pakistaní. Estos negocios son de alquiler (80% de los casos), que cuestan miles de euros. En 2017, más de la mitad de los dueños de esos negocios llevaban menos de 5 años en Barcelona. Hay individuos que han llegado a abrir 1 supermercado de franquicia española (Condis, Carrefour Express) al mes. Es habitual crear una empresa tras otra para evadir a Hacienda. La financiación de apertura de estos negocios no proviene de instituciones ni bancos. Los productos electrónicos vienen de China y Pakistán, y algunos móviles vendidos en esas tiendas son robados en la propia ciudad de Barcelona, como ocurre en Reino Unido. Los de alimentación los traen de Europa, a punto de caducar o en mal estado, a almacenes en España. Los pakistaníes acuden a esos almacenes y compran esos productos de baja calidad a precio inferior para luego venderlos a precio normal. El margen de beneficio es mayor que el de un establecimiento español, haciendo imposible competir. También se ahorran mínimo unos 15.000€ en impuestos por cada trabajador en situación irregular. Como la legislación española no les permite venir para trabajar en tiendas, los trabajadores llegan gracias a gestorías que falsifican documentación para poder entrar en España por motivos de reagrupación familiar. Se falsifican hermanos, padres, etcétera. Algunos también llegan en patera, o de Italia por carretera, asaltando las fronteras. En estos casos hay falsedad documental y suplantación de identidad para poder atravesar fronteras hasta llegar a España o seguir a EEUU. Están llegando también por Canarias. El mes pasado se detuvo a dos policías y una concejala de un municipio de Barcelona por cobrar comisiones de miles de euros a cambio de dar permisos de residencia irregulares a pakistaníes. También este mes se ha detenido una trama de pakistaníes en Aragón que captaba personas en Pakistán generándoles una deuda por el viaje hasta aquí que saldar con trabajos irregulares en la construcción. En Barcelona, se desarticuló una red de negocios de pakistaníes en múltiples municipios en la que se retenía a personas en los locales en régimen de semiesclavitud, en trastiendas y almacenes. Se ha expulsado a varios ciudadanos pakistaníes por relación con células terroristas islamistas en España desde 2004. En 2010, por ejemplo se detuvo a una docena de pakistaníes por robar y falsificar pasaportes para organizaciones vinculadas a Al Qaeda. También son numerosas las operaciones contra grupos pakistaníes de falsificación de billetes. Entre 2010 y 2019, solo en Cataluña los Mossos actuaron en 150 casos de matrimonios forzados (mujeres y niñas), muchas de ellas pakistaníes. La magnitud del problema llevó a la creación de un protocolo policial de detección y prevención. Es sonado el caso de dos hermanas criadas en Terrassa que fueron asesinadas en una visita a Pakistán en lo que se conoce como "crimen de honor", causado por un matrimonio forzado. El matrimonio forzado de jóvenes mujeres pakistaníes en España es una práctica habitual para introducir trabajadores irregulares en España. No pueden venir sin un contrato de alta cualificacion, y la reagrupación familiar solo da permiso de residencia, así que es la vía más rápida para venir.